JamesuribeTuluá
Tuvieron que pasar más de 20 años, para que don Carlos Ceballos Uribe y su hermano Orlando, pudieran volver a sus predios que tuvieron abandonar por la presión que ejercieron actores armados al mando del narcotraficante Henry Loaiza, alias El Alacrán, hoy preso en una cárcel de alta seguridad.
Sólo cuando el Gobierno Nacional expidió la Ley de Víctimas, una luz de esperanza se dio para esta familia, que vio en esa norma la posibilidad de recuperar la hacienda que heredaron de sus padres en el corregimiento de Fenicia, en jurisdicción del municipio de Riofrío, en las estribaciones de la cordillera Occidental.
Durante todos esos años, la familia Ceballos estuvo desplazada en otras ciudades del país y nunca denunció el despojo por físico miedo.
Dos largas décadas, para que don Carlos volviera a respirar ese aire tan característico del campo, el aroma de los árboles frutales, de la boñiga del ganado y apreciar de nuevo los corrales y las laderas por donde corrían las 100 vacas y los dos toros cebú que conformaban el patrimonio familiar.
Los tiempos han cambiado, sinembargo, la nostalgia y los recuerdos de sus padres y de las épocas de juventud cuando junto con sus hermanos arriaban el ganado y realizaban las labores propias del campo, están vivos en la mente de este hombre, que a pesar de sus 64 años corrió como un niño cuando llegó de nuevo a la finca.
Entre la maleza, descubrió con su mirada la vieja casa bahareque y tejas de barro que aún está en pie, a pesar de los años y el estado de ruina en que la encontró y pensó una vez más como la va a reconstruir.
A través de la ventana del cuarto en donde dormía, pudo observar serpenteando a lo lejos al río Cauca y la planicie del departamento que lo vio nacer.
“Sentir de nuevo el aroma del campo, de los árboles frutales, es algo que me llena de profunda emoción”, manifestó don Carlos, quien dijo que no teme regresar a esa tierra que le fue arrebatada por los violentos hace 23 años cuando un grupo de pistoleros, al mando de El Alacrán, lo obligó a firmar unas escrituras para salvar su vida y la de su familia.
Esa misma emoción no la pudo ocultar cuando el juez promiscuo de Riofrío, Wilson Gómez Montoya, comisionado para hacer la entrega, material y jurídicamente, en un acto simbólico que se llevó a cabo el pasado fin de semana.
“Tengo que agradecerle profundamente al Gobierno y a sus funcionarios que nos ha permitido recuperar estos predios que con tanto esfuerzo trabajaron nuestros ancestros”, fueron las palabras de este hombre, quien dijo que retornará a la tierra con un proyecto productivo en el cual va a generar por lo menos cincuenta empleos para que se beneficien directamente los habitantes de la región.
“Ya tengo el proyecto muy adelantado y con una empresa productora de bebidas aprovecharemos una fuente hídrica que existe en la finca para instalar una planta procesadora de agua natural”, manifestó el señor Ceballos.
A pesar de que sus hijos, todos profesionales, temen que algo malo le pueda pasar a don Carlos, él está convencido que “los tiempos han cambiado” para bien.
“Yo vengo en plan de reconciliación, creo que lo esas personas hicieron con mi familia, ya hace parte de la historia, ahora los hijos de ellos y los nuestros tienen que trabajar por recuperar nuestro país”, dijo emocionado el señor Ceballos, quien acudió acompañado de su hermano, Orlando, quien igualmente compartió esa felicidad de retornar a los predios que fueron de sus padres.
“Yo recuerdo, que mi papá y mi mamá eran muy felices los fines de semana cuando hacíamos unos asados y compartíamos en familia“, indicó Orlando, quien junto con don Carlos y dos hermanas más se propone recuperar las 100 hectáreas de los predios, La Porfía, San Antonio, San Pablo o Nacederos.
“Va ser una labor muy difícil, recuperar la casa, ponerle el agua, la energía, recuperar los potreros y arreglar los caminos de acceso, pero lo vamos hacer”, manifestó Orlando, cinco años menor que don Carlos.
La historia se remonta al 16 de agosto de 1994 cuando cinco miembros de la familia Ceballos, fueron obligados a acudir a la Notaría Segunda de Buga a firmar una escritura en la cual le cedían sus propiedades a la Sociedad Loaiza Díaz y Ganadería Ache, ambas representadas por Henry Loaiza, considerado como el principal victimario de la Masacre de Trujillo.
Veinte años después, la Justicia declaró nulo ese acto jurídico, pues según la investigación, alias El Alacrán se apropió de esas tierras, que colindaban con su finca Villa Paola, sometiendo a los miembros de la familia Ceballos a un secuestro durante tres días para obligarlos a firmar las escrituras.
Janeth Andrea Gómez, abogada de la Unidad de Restitución en Terras, dijo que la sentencia del Juzgado 2º Especializado de Buga, le restituye a la familia Ceballos, material y jurídicamente, todos sus derechos, porque después de un proceso que duró siete meses, “logramos establecer que realmente esta familia fue despojada y que ese negocio jurídico, por medio del cual los predios cambiaron de dueño, fue ilícito”.
Asimismo, la abogada indicó que este fallo es el primero que se da en el Valle del Cauca, en donde a una persona que está en la cárcel por narcotráfico, se le quita un bien que había sido adquirido de manera fraudulenta.
De igual forma el Juez de Restitución de Tierras ordena la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones en favor de esos predios. La familia podrá acceder a programas de subsidio o mejoramiento de vivienda, salud y educación.
Asimismo, la sentencia judicial establece que la Fuerza Pública deberá garantizar las condiciones de seguridad en la zona para que este núcleo familiar se establezca de nuevo en sus predios recuperados.
Datos . . .
Con corte al 17 de marzo, 1.974 familias en el Valle del Cauca han solicitado restitución de sus predios.
De las tierras solicitadas, el 84% son casos por abandono y el 16% restante por despojo.
Actores armados
41% corresponde a casos donde la guerrilla fue el causante del abandono o despojo.
31% corresponde a casos donde los paramilitares fueron los causantes del abandono o despojo.
14% corresponde a casos donde las Bacrim fueron las causantes del abandono o despojo.
14% corresponde a casos de otros grupos no identificados (narcotráfico, entre otros)
Municipios microfocalizados 10 (Cali, Riofrío, Trujillo, Tuluá, Bolívar, Buga, El Dovio, Bugalagrande, Jamundí y Sevilla.
Este año la Unidad de Restitución de Tierras, URT, se propone radicar al menos 400 demandas por despojo y abandono ante los estrados judiciales.
