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Procaña alertó en su Asamble Anual:
Crisis de seguridad jurídica amenaza el campo colombiano y la seguridad alimentaria
Santiago de Cali, 19 de junio de 2025
En el marco de la quincuagésima asamblea anual, Procaña lanzó una grave advertencia sobre la crisis de seguridad jurídica y física que azota al campo colombiano, poniendo en jaque la viabilidad del sector agropecuario y la seguridad alimentaria del país. El panel ‘Seguridad física y jurídica’, moderado por el abogado, periodista y politico Juan Lozano, expuso con crudeza la compleja situación que enfrentan los cultivadores de caña.
La falta de estabilidad normativa, sumada al deterioro de la seguridad en el campo, pone en peligro no solo la viabilidad del sector agropecuario, sino también la seguridad alimentaria del país.
Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña, fue contundente al señalar que “nuestro país atraviesa días de angustia e incertidumbre”. Hizo un llamado urgente tras recordar la escalada terrorista en el Valle del Cauca y el Cauca, y al incluir el ataque, en Bogotá, al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que “han reabierto heridas profundas y generado una sensación de inseguridad que pone en riesgo al campesinado“.
Betancourt destacó que la política de «Paz Total» ha resultado ser un fracaso para el campo colombiano y que los grupos ilegales, fortalecidos por la ausencia estatal, someten a productores a extorsiones, secuestros y limitaciones a la movilidad. A la fecha, más de 700 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, pero ninguna ha derivado en capturas efectivas ni judicializaciones concretas.
Avalancha de normas y decretos
Además, alertó sobre la avalancha de normas y decretos que afectan la planificación empresarial: “La política agraria se ha centrado exclusivamente en la propiedad de la tierra, descuidando lo verdaderamente fundamental: el desarrollo rural integral”, aseguró. Demandó políticas que integren asistencia técnica permanente, financiación oportuna y comercialización garantizada.
Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “sin seguridad jurídica y sin seguridad física no hay seguridad alimentaria”. Propuso construir una bancada agropecuaria sólida que impulse propuestas concretas en el Congreso y en las próximas campañas presidenciales. De igual manera no dudó en criticar duramente al gobierno actual: “Este gobierno es enemigo total del sector empresarial. Hemos perdido como sector agropecuario porque hay un Gobierno que no le interesa progresar, en el caso del campo”.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza coincidió en la crítica. Admitió sentirse desilusionada por el incumplimiento de promesas del presidente Gustavo Petro: “Yo voté en segunda vuelta por él y me siento francamente muy desilusionada de todas las promesas que se han quedado en el camino”. Resaltó, no obstante, el compromiso social del empresariado vallecaucano y enfatizó en la importancia de generar espacios de diálogo con la juventud como base para la transformación nacional.
Christian Garcés Aljure, también representante a la Cámara, junto con Alejandro Linares, ex presidente de la Corte Constitucional, coincidieron en que Colombia vive una constante inestabilidad jurídica. “Las normas cambian cada mañana, y eso genera pánico entre los productores”, dijeron. Alertaron sobre la falta de claridad en la reglamentación en materia de tierras, que ahoga al sector agrícola bajo una maraña legal impredecible.
El panel cerró con una conclusión clara: sin reglas estables, sin presencia efectiva del Estado y sin una política rural que trascienda la simple redistribución de tierras, el campo colombiano está condenado a sobrevivir en medio del miedo y la incertidumbre.
Desde Procaña, la exigencia al Gobierno Nacional es directa: garantías reales, seguridad física en los territorios, y un entorno jurídico coherente, que no castigue a quienes aún creen en el agro como motor de desarrollo para Colombia.
